La era de la discreción en las finanzas digitales tiene fecha de caducidad. A partir de enero de 2026, el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, eliminará de facto el anonimato en las transacciones comerciales electrónicas. Hasta ahora, la comunicación obligatoria de los bancos a Hacienda se activaba con operaciones superiores a 3.000 euros, pero el nuevo Real Decreto elimina ese umbral mínimo y transforma la comunicación en mensual.

El foco de esta "revisión necesaria" recae directamente sobre el tejido productivo: autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMES) que utilizan Bizum o plataformas de pago electrónico para recibir cobros. La nueva obligación informativa implica que las entidades remitirán mensualmente el importe total facturado, el número de comercio y las cuentas asociadas de cada profesional.

Esta medida busca cerrar la "zona gris" donde se camuflaban ingresos por pequeño importe, un espacio fiscalmente ambiguo que a menudo permitía ocultar actividad económica. Es una advertencia clara para aquellos particulares con un trabajo 'extra' o servicios esporádicos no declarados que utilizaban Bizum para ingresar dinero al margen de la Hacienda.

Si bien los 'bizums' entre amigos o familiares para dividir una cena seguirán estando excluidos de la declaración obligatoria, el impacto emocional y la sensación es de un control estatal total. La tecnología que facilitó la vida se convierte ahora en el Gran Hermano financiero: cualquier incongruencia entre el volumen de cobros digitales reportados por el banco y lo declarado en el IRPF o IVA podría desencadenar una inspección prácticamente automática, con sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% del ingreso no declarado. La normativa busca la transparencia, pero subraya el pulso constante entre el avance tecnológico y la capacidad de inspección del Estado.