Cierre total del hotel Rey Don Jaume en Santa Ponça tras el colapso del comedor.
La propiedad del establecimiento procede al desalojo inmediato de los 520 huéspedes tras el fallo estructural que ha hecho saltar todas las alarmas en la costa de Calvià. Mientras los clientes son reubicados en otros centros de la cadena, la incertidumbre se traslada ahora a la plantilla, compuesta por más de 200 trabajadores que temen un ERTE inminente tras el siniestro.
El precinto es un hecho. La dirección del complejo de Santa Ponça ha tomado la determinación de clausurar las instalaciones de forma indefinida mientras los peritos evalúan los daños del hundimiento del comedor. La prioridad absoluta de las últimas horas ha sido el realojo de los centenares de turistas afectados, una operación logística que se ha completado bajo un clima de máxima tensión. Sin embargo, el foco del conflicto se desplaza ahora hacia los empleados.
Juan, nombre ficticio de uno de los camareros de comedor más veteranos del hotel, ha relatado a Mallorca al día el desánimo que impera entre sus compañeros. Juan andaluz, vive desde hace años en un apartamento en Santa Ponça durante la temporada que ahora no sabe como podrá seguir pagando o si tendrá que volver a su pueblo .El personal ha recibido la orden de tomarse días libres y permisos hasta el próximo 19 de abril, a la espera de una decisión definitiva sobre su futuro laboral. La plantilla maneja informaciones contradictorias sobre si serán reubicados en otros hoteles de la propiedad, si tendrán que volver o si la empresa se verá obligada a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la imposibilidad de retomar la actividad esta temporada.
La sombra de la falta de mantenimiento planea sobre el siniestro. Fuentes internas consultadas por este diario aseguran que algunos empleados ya habían percibido indicios de que la estructura cedía de forma progresiva en años anteriores. Pese a estas advertencias a pie de obra, el miedo a perder el puesto de trabajo ha mantenido el silencio hasta que el suelo ha cedido literalmente bajo los pies de los comensales.
Por su parte, Cecilia Svade, responsable de comunicación del centro, ha salido al paso de las acusaciones para desmentir a este diario categóricamente que se hayan realizado obras ilegales. Según la portavocía, la última reforma integral data de 2015 y contaba con todos los avales técnicos necesarios. La empresa insiste en que su prioridad es garantizar el bienestar de la plantilla y lamenta profundamente un suceso que ha dejado el ánimo de todos bajo mínimos.
La prensa internacional ya se hace eco del incidente. Diarios como el británico The Sun o el alemán Bild subrayan la gravedad del suceso en una zona de alta densidad turística, recordando que la seguridad de las infraestructuras en el Mediterráneo es un factor clave para la elección del destino. El impacto económico para Santa Ponça podría ser millonario si la clausura se prolonga durante los meses centrales de la campaña estival.
