Uno de cada diez niños no puede pagarse las gafas ni ir al dentista en Mallorca
La Plataforma de Infancia acaba de publicar su informe 2026 con una sentencia demoledora: el sistema de protección actual apenas rescata al 6% de los menores vulnerables. Mientras la tasa AROPE se estanca, la carestía de la vivienda en Baleares y la inflación estructural han convertido derechos básicos, como el acceso a gafas o una alimentación proteica, en lujos inalcanzables para miles de adolescentes que ven cómo su futuro se marchita antes de empezar.
La realidad social de España arroja un dato gélido: el 33,2% de los menores vive en riesgo de pobreza o exclusión. Es la llamada tasa AROPE, un indicador técnico que, traducido al lenguaje de la calle, mide quiénes no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días, quiénes viven en casas con humedades o quiénes no llegan jamás a final de mes. Lejos de ser un número abstracto, esta cifra refleja una fractura social que se ha vuelto crónica y que tiene un objetivo principal: los adolescentes de entre 13 y 17 años.
En este tramo de edad, la precariedad se dispara. El fin de muchas ayudas públicas vinculadas a la primera infancia y el aumento de los costes educativos y de alimentación convierten la adolescencia en una etapa de alto riesgo. Mientras el país intenta sacar pecho por las cifras macroeconómicas, la pobreza severa ya golpea al 22,3% de las familias con un solo progenitor a cargo, una cifra que se ha duplicado en el último año y que dibuja un escenario de supervivencia pura.
Mallorca presenta una contradicción dolorosa. Aunque la tasa general ha experimentado un ligero respiro de casi dos puntos, la emergencia habitacional en las Islas actúa como una trampa. El informe de la Plataforma de Infancia destaca que el coste de la vivienda es el principal factor de empobrecimiento en regiones con mercados inmobiliarios tensionados como el nuestro. En Baleares, no basta con tener un empleo: el 26% de los niños vive en hogares con trabajadores que, a pesar de tener nómina, no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hijos.
La radiografía de 2026 confirma que el ascensor social está averiado. La brecha se ensancha especialmente en el acceso a la salud y el bienestar básico: el 10% de los menores no puede permitirse gafas o audífonos, y un 2,4% sufre inseguridad alimentaria severa. En Baleares, la situación se agrava por el "efecto residencia"; el coste de la vida convierte servicios esenciales en artículos de lujo. Además, la segregación escolar actúa como un muro invisible que perpetúa la precariedad: los hijos de familias con rentas bajas tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar los estudios prematuramente. España no solo tiene un problema de ingresos, tiene un problema de futuro que las políticas actuales no logran frenar.
La brecha se ensancha y la movilidad social se detiene. Sin una inversión real que proteja específicamente a los adolescentes y que frene el impacto del alquiler en los presupuestos familiares, España y Baleares se enfrentan a una generación marcada por la escasez estructural. La pobreza ya no es solo una falta de ingresos, es una incapacidad de futuro.
