Palma sangra medio millón de euros anuales en ecotasa por la inacción municipal
Casi 200 pisos turísticos operan en la sombra en Palma mientras Palma regala medio millón al año a los pisos turísticos ilegales que el Ayuntamiento es incapaz de cerrar
La sombra del fraude en el alquiler vacacional sigue muy presente en Palma. A pesar de que el Consell de Mallorca anunció el cierre de 8.000 anuncios ilegales en toda la isla, un reciente estudio del PSOE local revela que 181 viviendas turísticas sin licencia siguen operando activamente en la capital balear, evadiendo impuestos y distorsionando el mercado residencial.
El análisis, que ha rastreado 871 anuncios en la plataforma Airbnb, concluye que el fraude no es solo una cuestión administrativa, sino un golpe directo a las arcas públicas. La actividad de estas 654 plazas irregulares podría estar dejando de ingresar hasta 477.420 euros anuales solo en concepto de ecotasa, una cifra que crece exponencialmente si se contabiliza la facturación opaca generada por estos inmuebles.
El centro de Palma, epicentro de la irregularidad
El informe sitúa al centro de Palma como el punto crítico, al concentrar casi el 30% de los anuncios sin licencia (54 en total). Esta oferta no está repartida de forma dispersa: el estudio detectó que 30 anfitriones gestionan múltiples anuncios, con un caso extremo de una sola persona gestionando 21 viviendas al margen de la ley.
Este fenómeno de "alojamiento fantasma" no solo afecta al control fiscal. Este suceso se suma a la oleada de protestas vecinales por la crisis de acceso a la vivienda en Palma, una problemática que analizamos recientemente en nuestra serie sobre el impacto del precio del alquiler en las islas:
¿Acuerdos "papel mojado"?
La discrepancia entre los datos oficiales del Consell y los resultados del rastreo pone en duda la eficacia de las herramientas actuales. Mientras las autoridades defienden sus acuerdos con Airbnb, el candidato socialista Iago Negueruela califica los pactos como "papel mojado", exigiendo un control mucho más riguroso y una inspección real que deje de fiarse de los listados ofrecidos por la propia plataforma.
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La pregunta que queda en el aire es: ¿Es suficiente la vía diplomática con las plataformas digitales o debería el Ayuntamiento de Palma iniciar una ofensiva legal sancionadora para recuperar estas plazas para el mercado residencial?
¿Qué opinas tú? ¿Crees que las medidas actuales contra el alquiler ilegal en Palma son eficaces o es necesario un cambio de rumbo radical? Déjanos tu comentario aquí abajo.