El choque por la financiación del Plan de Vivienda coincide con una denuncia por ocultismo urbanístico en Palma

El Consejo de Ministros ratifica hoy el Plan de Vivienda 2026-2030, una maniobra que movilizará 168 millones de euros en Baleares. La inversión, que busca rehabilitar inmuebles y fomentar la VPO, llega con un conflicto de financiación: el Gobierno central triplica su gasto pero obliga al Govern a multiplicar el suyo por siete. Esta exigencia financiera supone un desembolso extra de 11,3 millones anuales para las arcas autonómicas, mientras se intenta dar salida al stock de 100.000 viviendas vacías detectadas por el INE en las islas para volcarlas al alquiler asequible con ayudas de hasta 30.000 euros para jóvenes.

En paralelo, Més per Palma ha elevado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras el silencio del equipo de Jaime Martínez sobre 46 solicitudes de información. La portavoz Neus Truyol acusa al consistorio de ocultar los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en sectores como Son Rapinya, Son Cladera o s’Indioteria. Según la formación ecosoberanista, estos desarrollos podrían generar beneficios privados de 800 millones de euros, configurando una operación de especulación inmobiliaria que ignora la falta de servicios públicos y la saturación en los barrios afectados por estas nuevas promociones.

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