Mallorca exige el mismo "alivio" fiscal que Canarias: menos burocracia para los pequeños negocios
Menos papeleo, exención del impuesto en la factura y más aire para los pequeños negocios. Es el escenario ideal al que se pueden acoger hasta 11.000 autónomos canarios. Sin embargo, cruzar ese mismo puente en Mallorca no es tan fácil: la dependencia absoluta de Madrid y las estrictas reglas del IVA impiden al Govern balear copiar la jugada. ¿Qué nos separa del modelo canario?
La reciente decisión de Canarias de liberar del IGIC a los autónomos que facturan menos de 50.000 euros al año ha despertado una lógica envidia en el tejido empresarial de Mallorca. Sin embargo, copiar este "alivio fiscal" en Baleares es imposible a día de hoy por un muro legal y de competencias.
El secreto de las islas atlánticas está en su Régimen Económico y Fiscal (REF), una herramienta única que da a Canarias total libertad para cambiar por su cuenta su impuesto indirecto (el IGIC). En cambio, Mallorca y el resto de las Islas Baleares están atadas de pies y manos al régimen fiscal común, lo que significa que dependen al 100% de las normas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La soberanía del IVA en manos de Madrid
Las comunidades autónomas normales no tienen competencias para perdonar el IVA ni para cambiar sus porcentajes. Esa llave la tienen exclusivamente el Gobierno central y las directivas que llegan de la Unión Europea. Por eso, el Govern balear no tiene el marco jurídico necesario para aprobar una medida así de la noche a la mañana.
La única vía para que esto ocurra está en Bruselas: existe una norma europea (la Directiva UE 2020/285) que obliga a España a crear la "Franquicia del IVA" (un sistema que perdonará el impuesto a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros). Sin embargo, el Ejecutivo central va con un retraso notable y todavía no la ha puesto en marcha en nuestro país.
Una herramienta de presión política
Aunque en Mallorca no se pueda aplicar esta exención de forma inmediata por ley, el logro canario se ha convertido en el argumento perfecto para las patronales mallorquinas.
El empresariado balear, que sufre los mismos problemas de insularidad y costes añadidos que los canarios, exige que el caso de las islas vecinas sirva de espejo político. La meta ahora es clara: presionar a Madrid para que acelere de una vez la franquicia del IVA o, en su defecto, exigir un régimen fiscal especial que compense los sobrecostes que se pagan por vivir y trabajar en las islas del Mediterráneo.