Esta propuesta de Sira Rego, ministra vinculada a Sumar y al partido de Yolanda Díaz en Madrid, ha encendido las alarmas en el espacio de la izquierda balear. Formaciones como Més per Mallorca, que apoyan al bloque en el Congreso, ya sopesan el grave castigo electoral que les supondrá defender esta polémica medida ante una sociedad insular socialmente al límite.

A esta ofensiva se suma Més per Mallorca con su propia batería de preguntas. Su objetivo: estrechar el cerco sobre la actuación policial, aclarar el denunciado «encierro» a los manifestantes y constatar si la orden de cargar deja a la Delegación del Gobierno en un papel meramente ornamental.

Para entender la magnitud del escenario sin perderse en el lenguaje de los despachos, basta con mirar estas tres comparaciones:

Este incremento del censo altera por completo las reglas del juego para todos los partidos, generando un escenario de vulnerabilidad para el mallorquinismo y abriendo una inesperada batalla ideológica entre la izquierda y la derecha estatal. ¿Se atreverá la dirección de MÉS a romper su tabú ideológico y criticará una ley que bombardea directamente la línea de flotación del partido? 

El Tribunal Constitucional ha frenado en seco la estrategia del Govern balear. Al suspender de forma fulminante la derogación de la Ley de Memoria Democrática, el tribunal ha resucitado la normativa de 2018 y ha reabierto las grietas en el pacto de derechas. La supresión de esta ley era una exigencia innegociable de Vox para dar estabilidad al PP de Marga Prohens; un peaje político complicado que ahora queda en el aire, tensionando al máximo la alianza de gobierno en las islas.