El adiós de las hoteleras españolas a Cuba desata una batalla legal por romper sus contratos
Las grandes hoteleras españolas no solo dicen adiós a Cuba: dejan tras de sí un polvorín legal. Tras la salida masiva de gigantes como Meliá, Iberostar o Barceló por la crisis y las sanciones de EE. UU., las cadenas se enfrentan ahora a un durísimo frente judicial con el Gobierno cubano por romper sus contratos antes de tiempo.
La salida definitiva de Meliá Hotels International de Cuba, sumada al repliegue de cadenas como Iberostar, Barceló, Blau Hotels o Valentin Hotels, marca el fin de tres décadas de hegemonía española en la isla. Sin embargo, tras la retirada de los hoteles se esconde un problema mayor: el riesgo real de enfrentarse a demandas en los tribunales por romper sus contratos antes de tiempo.
Durante años, las cadenas han llevado el negocio de la isla mediante acuerdos de gestión con empresas estatales cubanas como Gaviota, Cubanacán o Gran Caribe. Al romper estos pactos por adelantado —algunos vigentes hasta 2027—, las marcas españolas quedan expuestas a juicios comerciales iniciados por el Gobierno cubano, que podría exigir indemnizaciones millonarias.
Para defenderse, las cadenas alegarán que era imposible mantener la actividad por la falta continua de suministros básicos, alimentos y cortes de electricidad, unos fallos de infraestructura del socio local que hacen inviable el negocio e invierten la culpa del incumplimiento. Sin embargo, el Estado cubano defenderá que estos problemas son contingencias del mercado y no una causa válida de rescisión, manteniendo que la marcha responde a presiones políticas internacionales e insistiendo en exigir penalizaciones por la salida anticipada.
Con este movimiento, las hoteleras quedan atrapadas en un doble frente judicial. Por un lado, la presión en EE. UU. a través de la Ley Helms-Burton por usar hoteles expropiados; por otro, la amenaza de demandas en La Habana por abandonar el negocio. La salida de Cuba frena las pérdidas del día a día, pero traslada el problema directamente a los despachos de abogados.