La Guardia Civil localiza en Palma a una fugitiva condenada a seis años de cárcel
La Guardia Civil ha arrestado en Palma a una mujer de 45 años que permanecía en búsqueda y captura desde 2023. La detenida, de nacionalidad española, acumulaba una condena en firme de cinco años y nueve meses por tráfico de drogas. La intervención, ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la USECIC, cierra un capítulo pendiente de la Operación Ludar, el gran golpe contra el narcotráfico en Mallorca de 2018.
La impunidad de la que disfrutaba una de las piezas clave de la histórica Operación Ludar ha terminado este jueves en las calles de Palma. Tras casi dos años esquivando la acción de la justicia, agentes especializados de la Guardia Civil han culminado una investigación que ha permitido dar con el paradero de esta mujer, cuya sentencia de ingreso en prisión era ya ineludible.
El origen de este arresto se remonta a la primavera de 2018. En aquel momento, la Benemérita desplegó un operativo sin precedentes en la isla que dinamitó la estructura de cuatro clanes delictivos. Aquella ofensiva policial se saldó con 66 detenciones y el registro simultáneo de 72 inmuebles en localidades como Inca, Felanitx, Binissalem o Algaida. Sin embargo, el epicentro del conflicto se situó en Son Banya, donde los investigadores desmantelaron 30 puntos de venta de estupefacientes.
La ahora arrestada formaba parte de ese entramado dedicado no solo al mercado de sustancias prohibidas, sino también a una red de robos y hurtos que mantenía en jaque la seguridad ciudadana de Mallorca. Pese a que la condena se dictó tras la explotación de aquel caso, la mujer consiguió eludir su entrada en la cárcel el pasado año, activándose entonces todos los protocolos de localización.
La intervención de esta mañana ha sido rápida y quirúrgica. La presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) garantizó la efectividad de una detención que se ha producido sin incidentes. Según fuentes de la Guardia Civil de Illes Balears, la detenida será puesta a disposición judicial de forma inmediata para iniciar el cumplimiento de su pena privativa de libertad, que asciende a cinco años, nueve meses y un día. Con este movimiento, las autoridades envían un mensaje claro sobre la persistencia en el seguimiento de las sentencias firmes derivadas de grandes operativos contra el crimen organizado en las islas.