Dos investigados por la muerte de un joven en el derrumbe de Manacor
La Policía Nacional estrecha el cerco sobre los responsables del derrumbe mortal del pasado mes de enero. Los investigadores confirman que la vivienda carecía de licencia de obra y que el almacenamiento negligente de toneladas de residuos sobre la techumbre provocó el colapso de la estructura sobre la víctima.
La investigación policial sobre la tragedia de Manacor ha dado un giro definitivo hacia la vía penal. Dos personas han prestado declaración ante la Policía Nacional en calidad de investigados por un presunto delito de homicidio imprudente. Los informes técnicos de la Policía Científica, elaborados junto a los Bombers de Mallorca y los peritos municipales, concluyen que el desplome no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia directa de una gestión negligente de residuos de construcción.
Los agentes han acreditado que la propiedad ejecutó obras de reforma hace aproximadamente un año sin tramitar los permisos pertinentes ante el consistorio. Durante estos trabajos, los responsables omitieron el traslado de los restos de obra a un centro de gestión de residuos. En su lugar, optaron por acumular los escombros de forma masiva en la terraza superior del inmueble. Esta carga estática, para la que la estructura original de la vivienda no estaba diseñada, generó un estrés mecánico insostenible en las vigas del techo.
El fatal desenlace se produjo cuando la estructura cedió por fatiga de materiales bajo el tonelaje de los residuos, hundiéndose directamente sobre el dormitorio donde se encontraba el joven de 18 años. El sumario judicial ya integra las diligencias policiales que apuntan a una vulneración sistemática de la normativa de seguridad y urbanismo. Lo que los investigadores califican como una "trampa de peso" en el ático de la vivienda se ha convertido en el eje central de un caso que busca depurar responsabilidades penales por una muerte que los técnicos consideran "técnicamente evitable".
La imputación de dos personas por homicidio imprudente ha destapado una realidad incómoda: la obra ilegal se gestó durante meses sin que ningún mecanismo de control municipal la frenara. Según fuentes de la investigación, los trabajos se realizaron hace aproximadamente un año, un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que la actividad de carga y descarga de materiales o la presencia de contenedores —si los hubo— hubiera activado las alertas de la Policía Local o de los celadores de urbanismo.
El punto más crítico para el consistorio radica en el almacenamiento de los escombros. La línea de investigación de la Policía Nacional sostiene que el peso acumulado en la terraza fue el detonante del colapso. En municipios con cascos históricos de estructuras antiguas, la vigilancia sobre el exceso de peso y las reformas estructurales es vital. Sin embargo, en este caso, la administración local no tuvo constancia de la obra hasta que el tejado se hundió sobre el dormitorio de la víctima.
Desde el Ayuntamiento de Manacor se defiende la dificultad de detectar obras de interior si no media una denuncia vecinal o una inspección externa. No obstante, la gravedad de los hechos ha reabierto el debate sobre si los ayuntamientos disponen de recursos suficientes para ejercer una verdadera disciplina urbanística o si la burocracia actual permite que estas "trampas de escombros" proliferen en los áticos de la isla sin supervisión alguna. El sumario judicial podría determinar ahora si hubo también una omisión en el deber de vigilancia por parte de las autoridades competentes.