Detenido un camello que vendia porros a menores
La Policía Nacional ha desmantelado un "Coffee shop" en el corazón de Santa Catalina. Los agentes capturaron a un ciudadano español que vendia desde su casa porros a clientes de todas las edades. Durante la incursión, la fuerza pública incautó más de un kilo de "chocolate" y dinero en metálico.
El “trapicheo” funcionaba a pleno rendimiento en una de las zonas con más vida social de la capital mallorquina. Los investigadores del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, tras recibir diversas alertas sobre la actividad sospechosa en el inmueble, establecieron un dispositivo de vigilancia que confirmó el flujo constante de clientes. El sospechoso no se limitaba a vender la mercancía en el interior de su domicilio; el trasiego se extendía a la calle, bares cercanos e incluso al interior de vehículos estacionados en las inmediaciones.
La gravedad del caso se acentúa al confirmarse que entre los compradores habituales se encontraban menores de edad, un factor que incrementó la urgencia de la intervención judicial. Según fuentes policiales, el sistema de venta era frenético: algunos usuarios apenas permanecían unos segundos en el portal antes de retirarse con sus porros.
El operativo culminó el pasado viernes con la entrada y registro de la vivienda. En el interior, los agentes localizaron al investigado junto a varios acompañantes. El registro de las estancias, especialmente el dormitorio principal, reveló un almacén de hachís preparado meticulosamente para su distribución inmediata. El balance final de la operación arroja la incautación de 1.148 gramos de hachís presentados en múltiples formatos: desde placas compactas hasta las denominadas "bellotas o huevos" y "churros", además de dosis individuales listas para el consumo.
Junto a la droga, los funcionarios intervinieron una báscula de precisión y 1.440 euros en efectivo, distribuidos en billetes de pequeño valor, lo que evidencia el carácter minorista y constante del narco. El detenido ya ha sido trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial como presunto responsable de un delito contra la salud pública.
El arrestado afronta penas de entre tres y seis años de prisión por un delito contra la salud pública con sustancias que no causan grave daño. La condena podría agravarse al acreditarse la venta a menores, castigándose con mayor rigor el aprovechamiento de la vulnerabilidad de jóvenes en Palma.