El calvario de la cuidadora fantasma a la que escondían de los inspectores de Servicios Sociales en Palma
La Policía Nacional ha detenido a tres personas de origen español en Palma por someter a una mujer en situación irregular a un régimen de explotación laboral extremo durante dos años. La víctima, que trabajaba como interna cuidando a una persona dependiente las 24 horas del día, era sometida a coacciones y amenazas constantes. Los arrestados, para evitar ser descubiertos y no perder las subvenciones públicas, obligaban a la trabajadora a ocultarse físicamente cada vez que se producía una inspección oficial de la Conselleria de Servicios Sociales.
Un domicilio particular de Palma se convirtió durante 24 meses en una celda de invisibilidad para una mujer agotada y desesperada. Según la investigación del Grupo I de la UCRIF, la víctima fue captada aprovechando su extrema vulnerabilidad administrativa. Sin contrato, sin medidas de seguridad y por apenas 900 euros al mes, debía hacerse cargo de una persona con una enfermedad inmunológica grave, manipulando fluidos orgánicos sin protección y sufriendo lesiones físicas por el esfuerzo constante de las movilizaciones.
Lo más indignante del caso radica en el "teatro" de la ocultación. Los ahora detenidos recibían visitas periódicas de los técnicos del área de Dependencia del Govern Balear, encargados de verificar que el gran dependiente recibía los cuidados adecuados para mantener las ayudas institucionales. En ese preciso instante, el pánico se apoderaba de los explotadores: obligaban a la mujer a esconderse en habitaciones o rincones de la casa para que los inspectores no detectaran su presencia ni las condiciones infrahumanas en las que trabajaba. El miedo de la familia no era el bienestar de la empleada, sino que se les cortara el flujo de dinero público si se descubría la ilegalidad.
Para mantener este silencio, los agresores utilizaban el terror psicológico. Mentían a la víctima asegurando que tenían "contactos policiales" influyentes y que poseían copias de sus documentos para impedirle salir del país o encarcelarla. Tras meses de pesadilla, la mujer rompió el silencio ante la Policía Nacional, permitiendo el arresto de los dos hombres y la mujer implicados. Se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas.