El Gobierno ignora la petición de los médicos para examinar a los más de 30.000 titulados extranjeros en igualdad de condiciones que a los de aquí
La Organización Médica Colegial reclama al Gobierno de España la implantación inmediata de una prueba de aptitud clínica para los más de 30.300 facultativos extracomunitarios que han obtenido la homologación administrativa. Esta demanda surge tras detectarse que el sistema nacional es el más permisivo de la Unión Europea, al validar expedientes sin verificar las habilidades técnicas reales frente al paciente, lo que genera un agravio comparativo con los graduados en facultades españolas.
El actual marco normativo ha permitido que, durante el último año, el número de validaciones de títulos foráneos multiplique por diez las cifras de la década pasada. Mientras que los estudiantes que finalizan su formación en universidades de nuestro país deben superar obligatoriamente la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE) para ejercer, los profesionales procedentes de fuera de la Unión Europea eluden este requisito. Esta asimetría formativa ha encendido las alarmas en el sector, que califica la situación como un riesgo potencial para la calidad asistencial y la seguridad de los ciudadanos.
Tomás Cobo, presidente de la OMC, subraya que no se trata de una medida restrictiva contra la inmigración profesional, sino de un ejercicio de responsabilidad para garantizar estándares de excelencia. En paises del entorno como Francia, Alemania o Reino Unido, el reconocimiento de un título extranjero no otorga el derecho automático a la práctica médica; se exige un examen de competencias y, en muchos casos, periodos de residencia supervisada. En contraste, el modelo español se limita a un cotejo documental en los despachos del Ministerio de Universidades, obviando la destreza práctica en el entorno hospitalario.
La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) se ha sumado a esta petición, alertando de que la masificación de homologaciones sin filtro técnico desvirtúa el sistema de especialización. El temor reside en que esta vía se consolide como un mecanismo para cubrir vacantes en zonas de difícil cobertura con personal que carece de la especialidad vía MIR, precarizando el mercado laboral sanitario. La propuesta busca que la ECOE sea un paso previo e ineludible a la colegiación, devolviendo a los organismos profesionales el control sobre quién está realmente capacitado para tratar a la población.
La brecha formativa entre los facultativos españoles y los extracomunitarios radica en la disparidad de estándares clínicos y la duración académica. Mientras en España el trayecto hacia la autonomía profesional exige "entre 11 y 12 años de formación integral", países como Pakistán, India o Egipto operan con programas de cinco años.
El cálculo real del trayecto formativo en España se divide así:
· Grado en Medicina: 6 años académicos obligatorios.
· Preparación MIR: 1 año (aproximadamente, desde que se termina la carrera en mayo/junio hasta el examen en enero del año siguiente).
· Residencia (Especialidad): Entre 4 y 5 años, dependiendo de la rama elegida (ej. Medicina de Familia son 4 años; Neurocirugía o Cardiología son 5).
El conflicto principal no es solo cronológico, sino evaluativo: los graduados nacionales deben superar la ECOE —una rigurosa prueba de aptitud con pacientes—, mientras que los títulos extranjeros acceden al sistema mediante un trámite administrativo documental. Esta falta de verificación práctica en España, inusual en el entorno europeo, genera un agravio comparativo que compromete la equidad profesional y la seguridad asistencial.
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