El COI avisa a los participantes de los Juegos de la Juventud que la homosexualidad en Senegal está penada con 10 años de cárcel
El Comité Olímpico Internacional ha emitido una advertencia urgente a las delegaciones que participarán en la cuarta edición de los Juegos de la Juventud en Dakar. La organización advierte sobre la peligrosidad de realizar gestos de afecto en público que puedan interpretarse como conducta homosexual, dado que Senegal ha endurecido drásticamente sus leyes. Desde el pasado mes de marzo, el país africano aplica penas de hasta 10 años de prisión y multas que superan los 15.000 euros para quienes infrinjan el código penal en materia de libertad sexual.
La capital senegalesa se prepara para recibir a deportistas de entre 15 y 18 años del 31 de octubre al 13 de noviembre, en un escenario de máxima tensión legislativa. El Parlamento de Senegal aprobó por abrumadora mayoría una reforma del artículo 319 que duplica las condenas por lo que el texto legal califica como "actos contra natura". La normativa no solo persigue la práctica, sino que criminaliza la "promoción" de la diversidad, situando en el foco de las autoridades a organizaciones humanitarias y periodistas.
El endurecimiento legal, impulsado por el primer ministro Ousmane Sonko, responde a una corriente de conservadurismo religioso que ha ganado tracción en la sociedad civil. Grupos como Jamra han intensificado la presión social mediante la publicación de listas con identidades y domicilios de personas señaladas, lo que ha provocado un éxodo de activistas hacia países vecinos o refugios en zonas rurales. La situación en el país es de alerta máxima; se han documentado casos de violencia extrema, incluyendo la profanación de sepulturas de personas vinculadas al colectivo.
La comparativa internacional sitúa a Senegal en una tendencia regional de retroceso. Mientras naciones como Sudáfrica o Botsuana protegen o han despenalizado la diversidad, otros países como Uganda o Burkina Faso han seguido la senda de la restricción extrema. Investigadores de Human Rights Watch subrayan que esta ofensiva legislativa utiliza el discurso de la soberanía cultural para justificar la vulneración de derechos fundamentales, bajo la premisa de que estas libertades son una "importación occidental".
En este contexto, el COI se enfrenta al desafío de garantizar la seguridad de menores de edad en un territorio donde la delación es suficiente para iniciar un proceso judicial. La disparidad entre la Carta Olímpica, que defiende la no discriminación, y la soberanía jurídica de Senegal, coloca a los atletas en una situación de vulnerabilidad sin precedentes en la historia de los Juegos de la Juventud.
¿Debería el COI replantear las sedes en países que no garantizan los derechos humanos básicos de sus competidores?
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