El Parlament aprueba la ley de cogestión aeroportuaria para influir en vuelos y frecuencias
El Parlament de les Illes Balears ha dado luz verde este martes a una normativa pionera que busca otorgar a las instituciones insulares una capacidad de decisión vinculante sobre la gestión de sus cielos. Con el respaldo del Partido Popular ,Més per Mallorca, Més per Menorca y el Grupo Mixto, la abstención del PSIB y el no rotundo de VOX, el texto se dirige ahora al Congreso de los Diputados para intentar romper el actual modelo centralizado de Aena.
La Cámara autonómica ha validado una propuesta que, sin arrebatar la titularidad estatal de las infraestructuras, transforma el Comité de Coordinación Aeroportuaria en un órgano con poder real. Hasta ahora, este ente funcionaba como un espacio meramente consultivo cuyas sugerencias caían a menudo en saco roto. La nueva ley establece que los informesque salgan desde las islas serán de obligado cumplimiento en áreas críticas como la fijación de tarifas, la determinación de frecuencias de vuelo y, especialmente, la capacidad operativa en periodos de máxima afluencia.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la necesidad de alinear la política de transportes con la estrategia de contención turística que demanda la sociedad balear. La normativa permite que el archipiélago tenga voz en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el plan que dicta las inversiones y el crecimiento de los aeródromos para ciclos de cinco años. Además, se introduce un mecanismo de fiscalización inédito: los directores de los aeropuertos de Palma, Maó y Eivissa podrán ser llamados a comparecer ante el Parlament para rendir cuentas sobre su actividad y resultados económicos.
El debate ha evidenciado una fractura en el bloque de la izquierda. Mientras que desde los sectores ecosoberanistas se celebra el fin de una "anomalía histórica", el PSIB-PSOE ha cuestionado la viabilidad constitucional de la norma en Madrid, sugiriendo que el camino más realista sería emular el pacto alcanzado recientemente por el País Vasco. Por su parte, Vox se ha desmarcado del acuerdo calificando la iniciativa de ataque a la unidad del Estado y criticando la creación de nuevas estructuras de control político.
Más allá del ámbito institucional, la ley obliga a realizar auditorías anuales sobre el impacto medioambiental y la calidad de vida de los residentes. En un territorio donde la dependencia del avión es absoluta, el texto busca que el beneficio empresarial de Aena no colisione con la capacidad de carga de un ecosistema limitado. El futuro de esta ambición balear queda ahora supeditado a la aritmética parlamentaria en las Cortes Generales, donde se decidirá si Baleares deja de ser un espectador para convertirse en actor principal de su conectividad.
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