Los notarios advierten que la ley de Bolaños facilita la creación de testaferros
Los notarios denuncian que la nueva ley del Gobierno pone en peligro el control sobre quiénes son los dueños reales de las empresas. La reforma permitiría usar contratos privados para esconder la propiedad de las sociedades, repitiendo el modelo de engaño utilizado en tramas de corrupción como el caso Servinabar de Santos Cerdán.
Los notarios de toda España han puesto el grito en el cielo por la última reforma del ministro Félix Bolaños. Los profesionales que vigilan la legalidad de nuestras compras y empresas aseguran que el nuevo plan del Gobierno deja la puerta abierta para que los corruptos operen con total libertad. El problema principal es que la ley permitiría que alguien pueda ser dueño de una empresa de forma "secreta". Hasta ahora, para cambiar el dueño de una sociedad, era obligatorio pasar por el notario, quien informaba al Estado de quién ponía el dinero. Con el nuevo texto, un simple papel privado entre dos personas podría valer, haciendo que el verdadero propietario sea invisible para la justicia.
Este cambio no es solo una pelea de despachos; afecta directamente a cómo se persigue el dinero sucio. Los notarios explican que se está copiando el modelo del caso Servinabar, la constructora que investiga la Audiencia Nacional. En ese caso, se usaron contratos escondidos para que nadie supiera quién mandaba realmente. Si la reforma sale adelante, este truco para esconderse dejaría de ser un delito difícil de pillar para convertirse en algo legal y sencillo. Se crea así la figura del "testaferro de libro": una persona que pone la cara y la firma mientras el verdadero jefe mueve los hilos desde la sombra sin que nadie pueda pedirle cuentas.
La policía y la Guardia Civil son las grandes perjudicadas por este cambio. Grupos de élite como la UCO o la UDEF entran cada día en una base de datos secreta de los notarios para ver quién es el dueño de cada empresa sospechosa. Si la propiedad de las sociedades se vuelve privada y no pasa por el control público, los investigadores se quedarán a ciegas. Sin esa "huella" que deja el notario, seguir el rastro del dinero robado o del blanqueo será casi imposible. El sector advierte que España podría retroceder décadas en transparencia y convertirse en un paraíso para las empresas pantalla que tanto critica la Unión Europea.