LA OPOSICIÓN VENEZOLANA NO DESCARTA LA IDEA DE VER AL EXPRESIDENTE COMPARTIENDO CELDA CON MADURO

La justicia de Estados Unidos mantiene abierta la vía para reclamar la entrega de Zapatero

Armengol y Zapatero

El Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa los vínculos financieros de la trama societaria de Plus Ultra con el sistema bancario norteamericano para determinar si tiene competencias legales que permitan solicitar la extradición del expresidente español.

La posibilidad de que los tribunales federales de Miami soliciten la entrega de José Luis Rodríguez Zapatero permanece sobre la mesa de los fiscales norteamericanos. La clave jurídica radica en el principio de jurisdicción extraterritorial que aplica Estados Unidos en los delitos de blanqueo de capitales de alcance internacional. Si la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Audiencia Nacional confirman que los fondos bajo sospecha transitaron por cuentas en dólares o utilizaron bancos corresponsales en territorio estadounidense, la fiscalía de Washington estará habilitada para emitir una acusación formal. Este mecanismo ya se ha empleado en macrocausas previas vinculadas a exmandatarios y directivos extranjeros que utilizaron circuitos financieros bajo supervisión norteamericana para eludir sanciones internacionales.

El avance de los interrogatorios a Alex Saab en el estado de Florida constituye el elemento operativo que podría acelerar el proceso. Los acuerdos de colaboración técnica que ofrece la justicia estadounidense a los cooperadores necesarios buscan obtener documentación mercantil, transferencias y comunicaciones directas. Si estas pruebas revelaran un concierto delictivo para legitimar capitales de la órbita de Caracas mediante las firmas instrumentales registradas en Dubái y España, el Gran Jurado emitiría una orden de arresto internacional. Aunque el convenio bilateral firmado entre Madrid y Washington otorga prioridad a los tribunales españoles si la causa principal ya se instruye en la capital, la aparición de ramificaciones autónomas que afecten de forma directa a la seguridad nacional de la Casa Blanca alteraría el equilibrio de prioridades del procedimiento.

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