GUERRA A MUERTE POR LA VIVIENDA: MÉS PIDE ELIMINAR EL ALQUILER TURÍSTICO TRAS LA MULTA RÉCORD A AIRBNB
La plataforma Airbnb ha sido golpeada con una multa histórica de 64 millones de euros por Consumo por anunciar viviendas sin licencia, un castigo que subraya la crisis regulatoria que asola la vivienda vacacional. En este clima de tensión, MÉS per Mallorca ha lanzado la propuesta más radical: prohibir y eliminar progresivamente las licencias turísticas existentes. Esta decisión choca directamente con muchos mallorquines que ven en el alquiler de su segunda residencia el único soporte económico, al tiempo que recuerdan la lentitud en la construcción de vivienda pública durante los años de gobierno de Armengol con los ecosoberanistas.
Un castigo ejemplar a la ilegalidad en el sector turístico ha marcado el inicio de la batalla política más dura por la vivienda. Mientras el Ministerio de Consumo imponía una histórica multa de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar más de 65.000 viviendas sin licencia, el partido ecosoberanista MÉS per Mallorca anunciaba su intención de abolir y eliminar progresivamente el alquiler turístico para devolver las casas a un uso residencial.
Esta propuesta, concebida como solución a la "emergencia nacional" del coste habitacional, es vista por las asociaciones del sector como una declaración de guerra. La Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (Habtur) ha sido contundente: "La propuesta de MÉS es un ataque ciego a miles de familias trabajadoras. El alquiler no es un lujo, sino un soporte vital que permite a las cerca de 20.000 familias propietarias de una licencia hacer frente a hipotecas y al altísimo coste de vida en la isla, manteniendo vivo su patrimonio". Las asociaciones defienden que prohibir equivale a arruinar a la clase media isleña.
El debate se agrava al confrontar promesas con realidades pasadas. MÉS fue parte del Govern de izquierdas entre 2015 y 2023, periodo en el que la urgencia habitacional era ya patente. Sin embargo, la cifra de VPO terminadas y entregadas en esos ocho años apenas superó las 470 viviendas en Baleares. Esta lentitud en la creación de alternativa pública es esgrimida por los propietarios como la gran contradicción política: "¿Cómo se puede prohibir una fuente de ingresos tan esencial sin haber sido capaces de construir una alternativa social creíble?", señalan desde el sector.
La situación es tensa: el mercado está bajo vigilancia (demostrado por la multimillonaria sanción a Airbnb), pero la solución política propuesta impacta directamente en la estabilidad económica de miles de hogares. La isla se enfrenta ahora al dilema de priorizar la función social de la vivienda sin vulnerar el patrimonio familiar, exigiendo tanto rigor político como una defensa férrea de los derechos de los pequeños propietarios. Mientras todo esto sucede, diversas fuentes han señalado a este diario que la decisión de MES está provocando bajas de afiliados en la Part Forana indignados por la decisión de la formación política.