RECLAMACIÓN HISTÓRICA

Los funcionarios estatales en Baleares cobrarán el mismo plus que en Canarias pese al rechazo de Vox

Policia nacional 1

Cobrar más a fin de mes para compensar lo caro que es vivir en una isla. Ese es el objetivo del cambio aprobado en el Congreso para frenar la falta de personal estatal en Baleares. Una subida en las nóminas que variará en función del destino y la categoría de cada trabajador.

 

Las nóminas de los funcionarios estatales en Baleares al fin suben. El Congreso ha aprobado subirles el plus de residencia para equipararlo con el que se cobra en Canarias, respondiendo a una reclamación histórica del colectivo.

La medida salió adelante impulsada por el PSOE y los partidos que dan apoyo al Gobierno. El PP optó por abstenerse para no bloquear la subida salarial, mientras que Vox votó en contra.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados

¿A quién afecta y cómo se nota en el bolsillo?

La medida beneficia a 11.176 funcionarios estatales en el archipiélago. Afecta a personal de servicios clave con problemas crónicos de vacantes por el alto coste de la vivienda:

  • Policías nacionales y guardias civiles.
  • Funcionarios de prisiones.
  • Personal de la Administración de Justicia.
  • Inspectores y administrativos de la Agencia Tributaria.
  • Empleados del SEPE y la Seguridad Social.

El impacto directo varía según la isla y la categoría profesional:

  • En Mallorca: El incremento mensual supondrá entre 50 € y 100 € extra. Un administrativo (grupo C1) pasará a cobrar 144,61 € al mes de plus (frente a los 80 € anteriores), y un perfil técnico A1 alcanzará los 214,61 €.
  • En Menorca, Ibiza y Formentera: Para paliar la doble e insularidad extrema, las subidas son mucho más marcadas: oscilan entre 195 € y 570 € más al mes. En la categoría más baja (grupo AP), el complemento sube a 263,12 €, mientras que en el grupo A1 el plus salta de unos 127 € a 697,67 € mensuales.

El coste total para el Estado

Para las arcas públicas, este reajuste retributivo implica un desembolso estimado de unos 16,3 millones de euros anuales, una partida pensada para retener plantilla en las islas y evitar la fuga constante de personal hacia la península.