Un empresario de Manacor intenta comprar a la jefa de Costas con 20.000 euros en una caja de bombones
El propietario de una de las empresas marítimas de trasporte turístico más potentes del Llevant ha sido detenido tras tratar de sobornar a la directora general, María Joaquina Ferrer, para obtener una concesión en el pantalán de Cala Millor.
El intento de cohecho se registró en la sede de la Dirección General de Costas tras la negativa administrativa a las demandas de un empresario de Manacor. El investigado, que explota servicios de transporte marítimo en enclaves como Porto Cristo, Sa Coma y Cala Rajada, pretendía obtener la autorización para instalar una caseta de venta de pasajes en el pantalán de Cala Millor, en zona de dominio público. La petición inicial, cursada en octubre de 2025, fue denegada por el Govern tras los informes derivados del periodo de exposición pública.
Según el expediente de la investigación, el empresario forzó un encuentro presencial con la directora general, María Joaquina Ferrer, el pasado 19 de marzo. Ante la ratificación de la negativa por parte de la alto cargo, el hombre entregó una caja de bombones que contenía 20.000 euros en billetes de 50. El soborno fue descubierto de forma inmediata por funcionarios del departamento, quienes pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades.
El detenido, cuya empresa opera tres embarcaciones y emplea hasta 50 trabajadores, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del juzgado de guardia en Palma. El empresario, asistido por el abogado Eduardo Valdivia, ejerció su derecho a no declarar durante el interrogatorio judicial. El magistrado ha decretado su libertad con cargos mientras la instrucción analiza otras solicitudes de amarres y concesiones vinculadas al investigado en Cala Domingos y s’Estany d’en Mas.
El empresario se enfrenta a un delito de cohecho activo, recogido en el artículo 424 del Código Penal. Las penas de prisión oscilan entre los 3 y 6 años, al haber intentado forzar una resolución administrativa contraria a la ley. A esto se suma una multa económica que podría triplicar la cuantía del soborno y la inhabilitación para contratar con la Administración Pública por hasta 10 años.
Al encontrarse el delito en fase de tentativa, ya que la jefa de Costas rechazó el dinero, la pena de cárcel podría reducirse, permitiendo evitar el ingreso en prisión si carece de antecedentes penales.