Prohens planta cara a Madrid por las consecuencias de la regularización masiva en las islas
El Ejecutivo autonómico y Coalició PER MALLORCA han activado una ofensiva política para frenar la regularización masiva de extranjeros ante el riesgo de quiebra de la estructura asistencial del archipiélago. La falta de efectivos en las oficinas de Extranjería, que dejará la gestión en manos de solo tres empleados este verano, se suma a la advertencia sobre un crecimiento poblacional inasumible que podría sumar 50.000 residentes adicionales a corto plazo. Mientras el Consolat de la Mar exige controles de seguridad estrictos y denuncia la precariedad administrativa, la izquierda balear defiende la medida como un motor de dinamización económica para los sectores productivos.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, han cerrado filas este miércoles contra la regularización extraordinaria de extranjeros, denunciando una pinza de consecuencias fatales para el archipiélago: el desbordamiento de los servicios públicos y un bloqueo administrativo sin precedentes. Mientras Prohens alerta de que la falta de control sobre los antecedentes penales y la capacidad de carga del territorio compromete la seguridad y la sanidad, Cabrer ha puesto cifras al desastre operativo. A partir de junio, apenas tres funcionarios deberán gestionar una avalancha de expedientes en Baleares, una situación que el Ejecutivo autonómico califica de irresponsabilidad absoluta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
La ofensiva balear no es solo política, sino también técnica y legal. El Govern ha confirmado que recurrirá la medida para intentar frenar un "efecto llamada" que, según los cálculos de Coalició PER MALLORCA, podría atraer a 50.000 nuevos residentes en solo tres años debido al reagrupamiento familiar. Joan Serra, coordinador general de la formación mallorquinista, denuncia que la medida tensionará todavía más, los servicios sociales, reclamando la competencia en materia de inmigración a las islas. Con las oficinas de Extranjería al borde de una huelga indefinida convocada por CCOO y la nueva instrucción del BOE que permite tramitar papeles con pasaportes caducados, el Ejecutivo balear teme que la dignidad laboral se diluya en un mercado negro de mano de obra barata, mientras los ciudadanos sufren el deterioro de unos servicios básicos que ya operan al límite de su capacidad. Por su parte, los socialistas y MÉS han aplaudido la medida, asegurando que ya estaban aquí y que conllevará un beneficio positivo para la economía de las islas.