A ciegas por el cable eléctrico: presionan en Alcúdia para ceder fincas sin trazado en el BOE
Frente común en el pleno, pero indefensión en la puerta de casa. En Alcúdia, la oposición al trazado eléctrico de Red Eléctrica de España es total entre políticos y vecinos. Sin embargo, sobre el terreno la estrategia es otra: la subcontrata 4 Punto Sertec presiona finca a finca para conseguir la firma de contratos de derecho de superficie a décadas vista. Un compromiso irreversible sobre la propiedad que se exige a ciegas, cuando el proyecto ni siquiera figura como definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La firma a ciegas: la presión a los propietarios de Alcúdia ante un proyecto sin BOE
El Ajuntament de Alcúdia y la asociación de afectados ANACA lo tienen claro: rechazo total al trazado actual de la nueva red eléctrica propuesta por Red Eléctrica de España. El pleno municipal ha votado unido exigiendo alternativas, como el paso por la bahía. Sin embargo, mientras el frente político frena el proyecto en los despachos, la batalla real se traslada a las puertas de las casas.
Desde marzo, la subcontrata 4 Punto Sertec contacta uno a uno a los dueños de los terrenos afectados. ¿El objetivo? Firmar un derecho de superficie.
Para entender el problema sin rodeos: un derecho de superficie no es un permiso para hacer una obra rápida. Es un contrato que cede el uso de una parte de la tierra a una empresa durante décadas. La propiedad sigue siendo del vecino, pero en esa franja gravada ya no se podrá construir, cultivar libremente ni disponer del terreno con normalidad. Una carga legal en el Registro de la Propiedad que condiciona el valor del patrimonio familiar a muy largo plazo.
Aquí radica la gran paradoja del proceso: se está pidiendo a los vecinos que hipotequen sus fincas por décadas basándose en un trazado que ni siquiera es definitivo. El proyecto aún no se ha publicado formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El resultado es una negociación completamente desigual. Frente a un consistorio y una comunidad vecinal apartados de la mesa de diálogo, el afectado se encuentra solo en su salón. Se le exige tomar una decisión económica y legal trascendental a ciegas, bajo la presión comercial de la subcontrata y con la prisa añadida del mes de agosto, cuando la administración pública funciona a medio gas.
A las dudas jurídicas sobre la firma de contratos se suma la presión social y ambiental expuesta por ANACA (Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia). El colectivo rechaza este trazado —aprobado en julio de 2025 para el cable PENBAL II— al considerar que atraviesa más de 1.200 viviendas, zonas escolares como el CEIP S’Hort des Fassers y espacios protegidos de la Red Natura 2000 como Maristany. Desde la entidad exigen la paralización cautelar del procedimiento y recuerdan que existen alternativas más económicas y menos lesivas, como la Alternativa 10 (entrada marina por la bahía con un coste estimado de 25 millones de euros frente a los 36,5 millones del trazado actual), para evitar hipotecar el patrimonio agrícola, histórico y turístico del municipio.
Ceder un derecho sobre la tierra sin que el trazado sea oficial implica asumir un compromiso irreversible sin garantías jurídicas reales. La pregunta para Alcúdia ya no es solo por dónde pasará el cable, sino cuántos propietarios habrán firmado su renuncia antes de que la ley dicte la última palabra.