La UCRIF detiene a ocho personas por falsificar contratos de alquiler para empadronar a extranjeros
Una organización criminal asentada en Palma durante los últimos tres años suplantaba la identidad de propietarios reales para inscribir ilegalmente a inmigrantes en el Padrón Municipal. El grupo cobraba hasta 300 euros por cada alta fraudulenta, permitiendo que al menos 70 beneficiarios accedieran a tarjetas sanitarias de transporte y ayudas sociales, sin residir realmente en las viviendas.
La investigación liderada por el Grupo I de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) ha desmantelado una red delictiva que operaba con total impunidad en la capital balear. Durante tres años, este grupo aprovechó las oficinas municipales con menos vigilancia para introducir documentos falsos en el sistema público.
El método utilizado por la Policía Nacional consistía en crear contratos de alquiler y documentos de reserva de vivienda totalmente falsos. Los arrestados robaban los datos de dueños de casas legítimos para firmar autorizaciones de empadronamiento a nombre de personas que jamás vivieron en esas propiedades. Por este trámite ilegal, la red cobraba entre 250 y 300 euros por cada persona.
Más allá del dinero, la trama buscaba crear un historial de residencia ficticio. Este registro engañoso permitía a los implicados obtener derechos como la tarjeta sanitaria, la Tarjeta Ciudadana para el transporte gratuito y, lo más importante, acumular tiempo de residencia para tramitar los papeles de arraigo social ante el Gobierno.
La operación policial ha terminado con la detención de cinco hombres y tres mujeres. Se les acusa de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal. La organización estaba perfectamente coordinada y sus funciones estaban divididas para mantener el negocio activo de forma estable.
Los arrestados se enfrentan a penas de prisión que podrían superar los seis años por la suma de sus delitos. El favorecimiento de la inmigración irregular con ánimo de lucro conlleva entre dos y cinco años de cárcel, agravándose hasta los ocho si se confirma la estructura de grupo criminal. Además, la falsificación de documentos públicos y la suplantación de propietarios suman condenas de hasta tres años y multas económicas proporcionales al beneficio obtenido.