Los socialistas abren sus puertas para facilitar la regularización de todos los inmigrantes sin papeles
El partido liderado por Iago Negueruela habilita un punto de atención presencial en Palma tras acusar al consistorio de bloquear los informes de vulnerabilidad necesarios para obtener el permiso de residencia.
La calle Miracle se ha convertido este viernes en el epicentro de la actividad administrativa paralela en Palma. Ante lo que el PSIB considera un boicot sistemático de las instituciones gobernadas por el PP, los socialistas han transformado su sede en un despacho de asesoramiento para extranjeros en situación administrativa irregular. El portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha denunciado una estrategia de obstrucción por parte del alcalde Jaime Martínez, a quien señala por impartir instrucciones políticas que impiden a los funcionarios municipales tramitar los certificados de arraigo.
La controversia escala tras las quejas de UGT, que describe un escenario de colapso provocado en los servicios sociales de Cort. Según el sindicato, la negativa del equipo de gobierno a reforzar las plantillas busca agotar los plazos legales, dejando a centenares de personas sin opción a regularizarse. Desde el PSIB sostienen que la planificación técnica existe desde hace meses, pero la dirección política de los populares ha optado por ignorar las recomendaciones profesionales.
Mientras el PP estudia recurrir la normativa estatal, el ajetreo en la segunda planta de la sede socialista evidencia la urgencia social. Los interesados acuden buscando claridad sobre el precontrato laboral o la reagrupación familiar, requisitos que chocan con la parálisis de la OAC Social. Iago Negueruela ha sido tajante al exigir que cese el seguidismo de las políticas de Vox, calificando de indecente que se utilicen los recursos públicos para obstaculizar derechos fundamentales.
El dispositivo de ayuda permanecerá operativo de lunes a viernes, funcionando como termómetro del conflicto institucional entre la izquierda y el ejecutivo local. La falta de efectivos en las oficinas municipales, denunciada por los propios trabajadores, amenaza con convertir el proceso de regularización en una carrera de obstáculos burocráticos imposible de superar para los inmigrantes sin papeles.
