Okupas ucranianos paralizan la expansión de la red de discapacidad de AMADIBA en Palma
La familia atrincherada en el antiguo Hostal Sorrento ha formalizado un recurso de apelación para detener su desahucio, bloqueando el uso de un inmueble propiedad de Amadiba. Esta maniobra legal impide que la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares ponga en marcha 38 nuevas plazas asistenciales. Pese a que los ocupantes han rechazado múltiples alternativas residenciales del Govern, su permanencia en la tercera planta de la calle Manacor asfixia un proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de decenas de usuarios vulnerables en Mallorca.
La disputa legal por el antiguo Hostal Sorrento entra en una fase de desgaste que afecta directamente al tejido social de Palma. La propiedad, adquirida por Amadiba con el objetivo de ampliar su capacidad operativa, permanece secuestrada por una familia de refugiados ucranianos que, tras finalizar el periodo de acogida oficial en 2023, se negó a abandonar las instalaciones. La reciente sentencia de un juzgado de Ciutat, que dictaminaba el desalojo inmediato al carecer los ocupantes de título legal o pago de rentas, ha sido recurrida por la defensa de los moradores. Esta táctica busca dilatar el procedimiento en el tiempo, aplazando la ejecución de un lanzamiento que ya contaba con el respaldo de la justicia civil.
La indignación vecinal en la barriada de La Soledad aumenta ante los indicios de una posible explotación económica del edificio por parte de los okupas. Testimonios del entorno sugieren que los actuales residentes podrían estar subarrendando habitaciones de forma ilícita, lucrándose con un espacio de titularidad privada. Mientras tanto, la entidad propietaria ha trasladado a los tribunales su oposición frontal al recurso, argumentando que la situación de vulnerabilidad alegada por la familia —que incluye a menores y tres adultos— no es tal, dado que han declinado sistemáticamente los recursos habitacionales y el apoyo ofrecido por asociaciones como Amar Ucraïna.
El bloqueo de este activo inmobiliario supone un retroceso estratégico para la atención a la discapacidad en las islas. La reforma prevista por Amadiba contempla la habilitación de 32 habitaciones y áreas comunes para elevar un 10 % su oferta de plazas. Mientras los ocupantes mantienen su rutina diaria en el tercer nivel del inmueble, el plan de apoyo social permanece en un estado de abandono técnico forzoso.La resolución definitiva del conflicto queda ahora supeditada a la confirmación de la sentencia por parte de instancias superiores, en un escenario donde el derecho a la propiedad y el fin social de una ONG colisionan con una ocupación, que comenzó como un proyecto de solidaridad por la guerra, y se ha transformado en una símbolo de la necesidad de cambios en la justicia y que se prolonga ya durante años.
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