La justicia ordena el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma ante el riesgo inminente de derrumbe e incendio
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma ha dictado un auto histórico, por la rapidez, que autoriza la entrada y el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que malviven en la antigua prisión de la ciudad. El magistrado resolvió la petición de urgencia del Ajuntament de Palma en apenas cuatro horas el pasado viernes 29 de mayo, respaldando por completo los informes técnicos que alertaban de un peligro real para la vida de los ocupantes. El consistorio, dirigido por el alcalde Jaime Martínez Llabrés, ejecutará la orden a lo largo de este mes de junio, una vez que la Junta Local de Seguridad Extraordinaria coordine el dispositivo policial y de asistencia social.
El desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma ya no es un plan municipal, sino un mandato judicial de obligado cumplimiento. La resolución del juzgado se notificó pocas horas después de que el gobierno local presentara el expediente completo, tras agotar todas las vías administrativas previas y finalizar los plazos de salida voluntaria. Los informes de la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y los técnicos sanitarios resultaron determinantes. Todos coinciden en que la estructura del edificio presenta graves deficiencias, riesgo de colapso y una alta probabilidad de incendio, lo que dificulta cualquier tarea de evacuación de emergencia.
Al inicio de este procedimiento de recuperación posesoria, que arrancó el pasado 27 de febrero, se identificó a un total de 206 personas residiendo en los distintos módulos del recinto abandonado. La intervención constante de los servicios sociales, en colaboración con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha permitido derivar ya a 45 personas hacia recursos de acogida temporal y programas de inserción sociolaboral, mientras que otros ocupantes decidieron marcharse por su cuenta hacia la península. Las inspecciones oficiales confirmaron además que no hay menores de edad ni víctimas de violencia de género en especial protección habitando las dependencias.
El operativo definitivo se diseñará en una reunión de urgencia con la Delegación del Gobierno para coordinar a las distintas fuerzas de seguridad. Tras el desalojo, los operarios municipales procederán al tapiado, aseguramiento y blindaje con cámaras de videovigilancia de todo el perímetro para evitar que las instalaciones vuelvan a ser okupadas de forma ilegal. El Ayuntamiento prevé reconvertir estos terrenos de titularidad pública para edificar promociones de viviendas dotacionales, mientras que el Consell de Mallorca proyecta utilizar otra de las parcelas anexas para construir una rotonda de acceso directo a la Vía de Cintura. El alcalde garantizó que el acompañamiento social continuará activo para evitar que estas personas queden desamparadas o se dispersen por los parques de Palma.
Tres claves de la intervención judicial
📢 ¿Qué ha sucedido o qué ha cambiado exactamente?
La justicia ha concedido una autorización exprés en solo cuatro horas para que el Ayuntamiento desaloje por la fuerza la antigua cárcel debido a las pésimas condiciones de insalubridad y habitabilidad.
📍 ¿A quién afecta esta medida o situación de forma directa?
A las 80 personas que todavía residen en el complejo municipal abandonado, quienes deberán abandonar las instalaciones antes de que se ejecute el despliegue policial en junio.
🛠️ ¿Qué pasos debe seguir el lector o qué puede hacer al respecto?
Los vecinos del entorno verán reforzada la vigilancia de la Policía Local las 24 horas del día hasta que concluyan las tareas de tapiado y el cierre definitivo del perímetro.
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