El Gobierno de Sánchez tumba el blindaje de sa Feixina y ordena su demolición inmediata
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha asestado el que podría ser, el golpe definitivo al monumento de sa Feixina en Palma. Mediante una resolución vinculante, el Ejecutivo central ha incluido el monolito en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica su retirada obligatoria de la vía pública. Esta decisión ignora el actual blindaje como Bien de Interés Cultural (BIC) que ostenta la estructura, bajo el argumento de que su estética y verticalidad son inseparables de la ideología de la dictadura.
El conflicto en torno al antiguo homenaje al crucero Baleares entra en una fase de máxima tensión institucional. El informe técnico que sustenta la orden ministerial es demoledor: la comisión sostiene que la resignificación realizada en 2010 —cuando se retiraron las placas originales bajo el mandato de Aina Calvo— es insuficiente. Para Madrid, el diseño arquitectónico en sí mismo destila valores de jerarquía y dominación del espacio público propios del régimen anterior, convirtiendo el hormigón en un mensaje político que la ley actual no permite mantener.
Sin embargo, la resolución ha chocado frontalmente con las entidades de defensa del patrimonio. La asociación ARCA ha advertido que la iniciativa estatal tendrá "poco recorrido" jurídico, recordando que los tribunales ya han validado el valor patrimonial de la obra. Según la entidad, se trata de una pieza clave del racionalismo, diseñada por el arquitecto Francisco Roca Simó, y que ya fue adaptada a la legalidad vigente por unanimidad hace 16 años. Desde ARCA lamentan la "intransigencia" de la Secretaría de Estado y defienden que el monumento es hoy una "fita" que clama contra las guerras y las dictaduras.
El PP y Vox han blindado su defensa del monolito, calificando la orden estatal de "ataque sectario" al patrimonio de Palma. Ambas formaciones sostienen que la protección como BIC es innegociable y acusan al Gobierno de Sánchez de reabrir heridas cerradas, prometiendo una batalla legal exhaustiva para evitar su demolición.
Esta colisión de interpretaciones abre la puerta a un recurso de alzada que promete paralizar de nuevo las máquinas de demolición. Mientras las asociaciones memorialistas celebran lo que consideran el fin de una anomalía democrática, los expertos advierten de la peligrosidad de destruir un elemento catalogado. La batalla por el cielo de Santa Catalina ya no es solo política; es un pulso directo entre la Memoria Democrática del Estado y el ordenamiento patrimonial de Mallorca que acabará, previsiblemente, de nuevo en el banquillo de los jueces.