La mancha de Pemex golpea 900 kilómetros de costa ante el silencio de la petrolera
Organizaciones ambientales exigen transparencia inmediata tras confirmarse que la fuga en un conducto de Cantarell alcanzó proporciones críticas. El colectivo denuncia que los despidos en la cúpula de la empresa estatal resultan insuficientes para reparar el daño en manglares y arrecifes.
La confirmación oficial llegó con retraso. El reporte de La Jornada detalla que la administración federal ha confirmado la procedencia del desastre en la infraestructura de la petrolera, validando las denuncias que la sociedad civil documentó durante semanas.
Tras semanas de sospechas y evidencias satelitales, Petróleos Mexicanos admitió que el conducto Old AK C, situado en la zona de Cantarell, originó la filtración masiva de crudo que hoy castiga el litoral mexicano. Más de cuarenta entidades civiles, lideradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace, han alzado la voz contra lo que califican como una gestión opaca de la emergencia.
El despliegue del buque Árbol Grande en la zona de la fractura, detectado ya en febrero, desmiente la versión inicial que atribuía las manchas a fenómenos naturales. Los especialistas urgen ahora a cuantificar el volumen preciso de hidrocarburo liberado. Argumentan que, sin métricas reales, la restauración de los ecosistemas degradados carece de un punto de partida técnico.
La crisis trasciende lo operativo para entrar en el terreno de la responsabilidad institucional. Las agrupaciones tachan de cosmética la destitución de tres directivos de la compañía, subrayando que las medidas disciplinarias no sustituyen un plan de remediación integral. Asimismo, califican de simbólica la ayuda de 15,000 pesos otorgada a los 3,379 pescadores afectados, cuya fuente de ingresos ha quedado comprometida por la contaminación de las aguas.
Fuentes internacionales como la agencia Reuters coinciden en señalar que la infraestructura de la paraestatal arrastra un déficit de mantenimiento crónico. Mientras la mancha avanza desde Campeche hasta Tamaulipas, la presión social aumenta para que el Gobierno Federal publique los costes de limpieza y los plazos de recuperación de un entorno marino que aún recuerda las cicatrices de incidentes previos en la región.