El laberinto fiscal que asfixia el acceso a la vivienda en Australia
La crisis de la vivienda en Australia ha dejado de ser un problema económico para convertirse en una fractura social, con precios que ya suponen diez veces el salario anual de una familia media. El Ejecutivo de Anthony Albanese ha puesto sobre la mesa una reforma contundente: eliminar las ventajas fiscales que permiten a los grandes propietarios pagar menos impuestos por sus pérdidas y reducir los descuentos al vender inmuebles. Esta medida busca frenar la compra masiva de casas como simple inversión y devolver el mercado a quienes buscan un hogar para vivir.
El actual sistema de negative gearing ha incentivado que la vivienda se trate como un producto financiero, permitiendo a los dueños de varias propiedades compensar sus gastos con rebajas en sus nóminas. Mientras los críticos de la reforma advierten que el fin de estas ayudas podría hundir la construcción y disparar los alquileres por falta de oferta, los jóvenes denuncian que el contrato social se ha roto. Para las nuevas generaciones, acceder a una propiedad es casi un imposible matemático, enfrentándose a hipotecas infinitas en barrios cada vez más alejados de sus centros de trabajo.
Desde la Productivity Commission advierten que el cambio de impuestos no es una varita mágica; el país sufre también una falta crónica de casas nuevas y leyes de construcción demasiado lentas. La propuesta del Gobierno incluye una cláusula para proteger a quienes ya tienen propiedades, aplicando los cambios solo a las compras futuras. Este matiz ha levantado sospechas entre los ciudadanos de menor edad, que ven cómo la clase política protege sus propios activos mientras el precio de los techos sigue subiendo sin control en las principales ciudades australianas.
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