El Salvador impone la cadena perpetua a menores desde los doce años
El Salvador ha dinamitado el paradigma de la justicia juvenil. Con la entrada en vigor de la reforma penal impulsada por el Ejecutivo de Nayib Bukele, el país centroamericano se posiciona como el territorio con la legislación más punitiva del continente para adolescentes. La normativa, que se activa este 26 de abril, permite que niños de apenas 12 años reciban condenas de prisión perpetua si incurren en delitos de especial gravedad, equiparando su castigo al de la población adulta en casos de sangre o vínculos con estructuras criminales.
La transformación del sistema judicial salvadoreño alcanza una cota sin precedentes en la región. La Asamblea Legislativa, bajo el control de la mayoría oficialista, ha modificado la Ley Penal Juvenil para eliminar cualquier margen de discrecionalidad a los magistrados. Si un adolescente es hallado culpable de asesinato, violación o pertenencia a las denominadas "maras", la sentencia de reclusión de por vida será automática, siempre que el Código Penal así lo prevea para dichos delitos.
Según informes de agencias internacionales como Associated Press y reportes de seguimiento de Human Rights Watch, este giro normativo choca frontalmente con el principio de resocialización que rige los tratados internacionales de protección a la niñez. Hasta la fecha, el techo de internamiento para menores se situaba en los 20 años para delitos de terrorismo y 15 para el resto de crímenes graves. Con la nueva arquitectura legal, el único matiz diferenciador respecto a los adultos es la posibilidad de una revisión de condena tras cumplir un cuarto de siglo entre rejas.
La reforma no solo endurece los años de encierro, sino que altera la naturaleza de los procedimientos. Los menores acusados de integrar pandillas se enfrentarán a procesos de instrucción masivos, con plazos que pueden dilatarse hasta los tres años antes de recibir sentencia. Aunque la ley estipula una segregación por franjas de edad, estos jóvenes cumplirán sus penas en los mismos recintos penitenciarios destinados a los adultos.
Desde el gabinete de Bukele se defiende la medida como un blindaje necesario para la seguridad nacional, argumentando que las pandillas han utilizado históricamente a los niños como soldados de primera línea para evadir la justicia severa. No obstante, las Naciones Unidas y la CIDH ya han manifestado su preocupación ante lo que consideran una vulneración de los derechos fundamentales, advirtiendo que la madurez cognitiva de un niño de 12 años no permite equiparar su responsabilidad penal a la de un individuo formado.